El Congreso Nacional de Brasil debatirá esta semana dos proyectos de ley fundamentales para el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con impacto directo en las condiciones laborales y en la agenda social del país.

Las propuestas —el fin del horario laboral de seis días por uno de descanso (6×1) y la regulación del trabajo por aplicaciones— vuelven a la pauta de las comisiones y podrían ser aprobadas en las próximas semanas. Ambos temas, según analistas políticos, podrían influir en el escenario electoral rumbo a las elecciones de 2026.

El martes 14 de abril está previsto el debate del Proyecto de Ley Complementaria (PLP) 152 de 2025, que establece un nuevo marco regulatorio para los trabajadores de plataformas digitales y define las obligaciones de las empresas del sector. El texto inicial generó controversia por no responder a las principales demandas de los repartidores y conductores, quienes reclaman mayor protección social, transparencia en los algoritmos y derechos laborales plenos.

El informe presentado por el diputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE) incorporó nuevas modificaciones, lo que despertó críticas entre representantes del sector. El punto más cuestionado es el requisito de presentar un certificado de antecedentes penales para poder operar en las plataformas. Según organizaciones populares y sindicales, esta medida limita el acceso al trabajo de personas con antecedentes judiciales, al impedirles registrarse como conductores o repartidores, incluso después de haber cumplido sus condenas.

Coutinho alegó que la exigencia responde a razones de seguridad pública, pero colectivos de trabajadores de aplicaciones como la Alianza Nacional de Entregadores de Aplicativos consideran que se trata de una forma de exclusión laboral. “La transparencia de los aplicativos nació del diálogo con los trabajadores, y no de la imposición de restricciones”, expresó uno de sus representantes citado por medios locales.

Debate sobre la jornada 6×1

Otro tema que ocupará espacio central en el Congreso será la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que busca poner fin al régimen laboral 6×1, es decir, seis días de trabajo por uno de descanso. La iniciativa será analizada esta semana en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados antes de pasar al pleno.

El presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmó que la discusión será prioritaria: “La admisibilidad se votará esta semana en la CCJ. Crearemos de inmediato la comisión especial para que trabaje en la votación plenaria a finales de mayo, dando a todos los sectores la oportunidad de expresar sus opiniones”, afirmó.

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La propuesta retoma un debate que cobró fuerza en 2025 tras la presentación del proyecto de la diputada Erika Hilton (PSOL-SP), que planteaba reducir la jornada a un esquema 4×3, con una semana laboral de 36 horas. Posteriormente, el texto fue unificado con una propuesta similar del congresista Reginaldo Lopes (PT-MG). Sin embargo, el Ejecutivo defiende una versión más moderada: 40 horas semanales y dos días de descanso consecutivos, argumentando que esta medida equilibra productividad y bienestar sin afectar la dinámica empresarial.

Lula impulsa redistribución del tiempo de trabajo

El pasado 8 de abril, el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva instó a repensar la duración de la jornada laboral como respuesta a los aumentos de productividad vinculados al uso de nuevas tecnologías, sin reducir los salarios.

“El objetivo es que los trabajadores tengan más tiempo de descanso y ocio sin perder poder adquisitivo”, explicó el mandatario, defendiendo que los avances tecnológicos permiten generar más en menos tiempo. Su planteo se alinea con una corriente regional que reabre el debate sobre la redistribución del tiempo de trabajo en el contexto de la automatización, la concentración de la riqueza y la crisis de bienestar.

El enfoque brasileño contrasta con el adoptado por el Gobierno de Javier Milei en Argentina, cuyas reformas laborales apuntan a flexibilizar las condiciones de empleo y extender la jornada en nombre de la competitividad. Mientras tanto, países como México avanzan en la dirección opuesta: el Congreso mexicano abrió en abril el debate para reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales sin disminución salarial, una medida considerada histórica en la región.

De este modo, Brasil y México buscan distribuir mejor los beneficios de la tecnología en favor del tiempo libre y la salud laboral, mientras Argentina orienta sus políticas al recorte de costos laborales. En palabras de Lula, “producir más en menos horas es posible y justo”, una afirmación que sintetiza la orientación de su gobierno hacia la mejora de la calidad de vida de los trabajadores.

CPI del crimen organizado y cierre de investigaciones

En paralelo a las discusiones sobre legislación laboral, el Congreso brasileño se prepara para cerrar la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el crimen organizado, que también votará su informe final esta semana. La agenda incluye el testimonio del exgobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, señalado por su responsabilidad en una de las mayores masacres policiales del estado, ocurrida en octubre de 2025, donde 121 personas perdieron la vida.

El exmandatario deberá declarar sobre las acciones de su gestión frente al avance de las facciones criminales y las operaciones policiales llevadas a cabo durante su administración. Tras posponer su participación en ocasiones anteriores, se espera que Castro comparezca en la audiencia final de la Comisión.

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El presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), decidió no prorrogar el plazo de la CPI, lo que aceleró el cierre de los trabajos. El relator, Alessandro Vieira (MDB-SE), calificó la medida de “perjudicial” para la investigación. “Tenemos un volumen muy elevado de documentos, datos y personas que necesitan ser analizados, pero no tendremos tiempo para ello”, señaló el legislador.

Con una agenda marcada por el debate laboral y la conclusión de investigaciones clave, el Congreso brasileño inicia una semana decisiva, en la que las decisiones podrían redefinir la estructura del trabajo formal y digital en el país, al tiempo que avanzan las discusiones sobre seguridad pública y justicia.

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